EL SICARIATO

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Archive for Sicariato en el Ecuador

Noticias » Noticias Sicariato en Ecuador se oferta en web, señala AFP

Las personas pueden ubicar a los sicarios que se ofertan a través de internet. Las autoridades judiciales admiten que se dificulta su rastreo porque no se cuenta con tecnología adecuada.

Contratar asesinos a sueldo hasta por 400 dólares, que ofrecen sus servicios por internet para resolver problemas como infidelidad o enemistades, se está convirtiendo en una práctica común en Ecuador, cuyas autoridades están en vilo ante los asesinatos.

“Acabe con sus enemigos, también autoeliminación –cuando el objetivo es usted–. Obtenga la tranquilidad que tanto busca”, es uno de los anuncios que aparecen en páginas electrónicas que activaron las alarmas y son investigados ante el incremento de los casos de presunto sicariato.

Entre enero y abril del 2010, la cifra “más alarmante” de homicidios se produjo en Guayaquil con 212 casos, de los cuales el 11% está vinculado al trabajo de sicarios, dijo el fiscal Antonio Gagliardo.

En la provincia del Guayas se concentra el 33% de los delitos cometidos en todo el país y los asesinatos se han convertido en una “forma común de resolver problemas de deudas, enemistades, odios, líos amorosos, litigios por tierras”, añadió.

Familiares de altos funcionarios públicos también han sido víctimas de crímenes, como la esposa de un legislador y el primo del Director del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte, que fueron baleados por desconocidos.

Gagliardo explicó que los asesinos ofrecen sus servicios en volantes, páginas webs y correos electrónicos, pero sin dejar pistas.

“Estamos investigando casos en los que se oferta el servicio por internet. Pero investigar es complicado porque en Ecuador no tenemos la tecnología para rastrearlos”, observó.

La Policía capturó recientemente a dos presuntos sicarios vinculados con más de 17 asesinatos y halló un cadáver con 36 disparos.

A raíz de la violencia vinculada a sicarios, el Gobierno creó un equipo élite de la Policía para labores de inteligencia a nivel nacional, con énfasis en las provincias de Guayas, Esmeraldas, Manabí, Pichincha, Los Ríos y El Oro, con los mayores índices de delitos.

Estas jurisdicciones acumularon el 83% de las 2.286 denuncias de asesinato (muerte con alevosía) en el 2009, año en que los homicidios (muerte provocada) sumaron 1.659, según la Fiscalía general.

“La situación en Guayas es realmente alarmante y ha hecho que tomemos muchas medidas”, dijo el viceministro de Gobierno, Edwin Jarrín, tras contabilizarse 321 homicidios y 1.032 asesinatos en esa provincia en el 2009.

“Necesitamos conocer con certeza los motivos, quién está ofertando ese servicio y quién lo está demandando”, agregó.

Gagliardo anticipó que enviará a la Asamblea un proyecto de ley sobre reformas al Código Penal, para que las penas a los asesinos, actualmente de 12 a 24 años de prisión, sean incrementadas a entre 25 y 35 años.

Además planteará castigo para los intermediarios y condenas de 16 años de arresto por ofrecer los servicios de sicarios por cualquier medio.

Informe catalogado como sicariato verba

Las reacciones  contra el informe de la Comisión de la Verdad, relacionado con casos de violaciones a los derechos humanos entre 1984 y 2008, continúan.

José Bolívar Castillo, ex alcalde de Loja, catalogó a este documento como “sicariato verbal”, haciendo relación a las acusaciones en su contra. “Si alguna vez utilicé la fuerza pública fue solo para controlar las ventas informales, “lo que sí se contempla la ley”, dijo.
Asimismo, aseguró que “se  me está  desprestigiando injustificadamente”.
Por otra parte el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, señaló que con “ese informe se pretende convertir a los delincuentes del ayer en héroes y a las víctimas en victimarios”. Esto haciendo alusión al proceso de regeneración urbana del puerto principal en el que “en ocasiones se utilizó la fuerza para poner orden”.
Entretanto, la coordinadora del Comité Ecuatoriano contra la Impunidad, Mireya Cárdenas, entregó al ministro de Gobierno, Gustavo Jalkh, un escrito en el que le pide  sanciones urgentes contra los funcionarios de la Policía Nacional que habrían participado en hechos de tortura. METRO

Misión de la ONU investigará sicariato en Ecuador

Una misión de Naciones Unidas llegará el lunes a Ecuador para investigar denuncias sobre supuestos asesinatos que involucran a fuerzas de seguridad y sicarios y también casos de justicia callejera, anunció el viernes la organización.

El relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales Philip Alston encabezará la misión de investigación que visitará el país sudamericano del 5 al 15 de julio, dijo en un comunicado su oficina con sede en Ginebra, Suiza.

Alston se reunirá con autoridades del gobierno en Quito y Guayaquil y visitará la provincia de Sucumbíos y al término de su misión presentará sus conclusiones y recomendaciones preliminares en conferencia de prensa en las oficinas de la ONU en la capital.

“Me concentraré en presuntos casos de sicariato, bandas de asesinos, asesinatos por parte de policías o militares, muertes en prisiones y justicia privada o callejera”, dijo el relator en el comunicado.

Alston, dijo el comunicado, “analizará también las amenazas de muerte, especialmente en contra de activistas, así como posibles homicidios en el ámbito de la justicia indígena. Su misión evaluará si los responsables de los asesinatos ilegales son llevados ante la justicia, así como las conclusiones de la Comisión de la Verdad”.

Según el organismo, será la primera misión a Ecuador de Alston en su condición de experto independiente, designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para monitorear ejecuciones extrajudiciales.

Alston presentará el informe final de su visita a Ecuador al Consejo en una próxima sesión AP

Ecuador – Sicariato, pobreza material y cultural

El modelo sigue manifestando su desgaste hasta límites extremos, reflejados en patologías sociales que son la expresión más concreta de la fatalidad que representan las “democracias representativa”  El modelo sigue manifestando su desgaste hasta límites extremos, reflejados en patologías sociales que son la expresión más concreta de la fatalidad que representan las “democracias representativas”. Y las consecuencias violentan, las ya de por si alteradas, relaciones de convivencia.

La violencia social, esa identificada como “delincuencia común” es un fenómeno en constante crecimiento en todos los países latinoamericanos, en sus ciudades, en sus capitales; en las que se han formado verdaderos “getos de violencia” donde, las mismas fuerzas policiales y militares, tienen dificultad de entrar; espacios urbanos en los que la pobreza de los habitantes se manifiesta en marginación, frente a otros espacios en los que hace alegorías la sociedad de consumo. Es la más clara estampa que muestra el sistema, es la cara más visible del irracional reparto del ingreso, la cara más visible de la obra del mercado, la cara más visible de la incapacidad de la democracia representativa de construir sociedades sanas, en las que la violencia no tenga espacio para manifestarse.

¿Quienes son los violentos, los delincuentes, asesinos, sicarios, ladrones, asaltantes?…en número casi total son personas de estrato social pobre, ,marginales, sin educación, trabajo u otro beneficio personal que les permita acceder a cumplir un rol en la sociedad, generalmente son mujeres y hombres que arrastran la herencia de sus progenitores que desarrollaron su existencia en espacios donde la ley que rige es la sobrevivencia frente a un medio hostil. Son los expulsados de los “beneficios sociales”, son los que “equilibran” la existencia de los sectores muy ricos, pues como un ejercicio de lógica matemática, se podría determinar que los recursos faltantes para que estos parias desarrollasen un rol constructivo en la sociedad, son esos mismos recursos acumulados en grupos pequeños, a los que les sobra lo que a los otros les falta.

Entonces se puede dictaminar que el fenómeno delincuencial, lejos de estar relacionado con patologías psicológicas, tiene vínculos directos con las condiciones de marginación y pobreza que reproduce el sistema.

La manera como enfrenta el sistema es por medio de única arma que hecha mano, y la única arma que posee: la penalización, represión, violencia; la misma que regresa multiplicada del otro lado; pues nadie con cinco dedos de frente, puede negar que mientras la policía y el ejército actúen “poniendo orden” en una sociedad de por sí desordenada, de el otro lado se opondrá otra violencia igual de irracional que actúa como efecto de lo anterior.
La pobreza material se convierte en pobreza cultural, pues mientras se cierren las puertas del templo del consumismo promocionado desde el altar de los medios de comunicación, los infieles del sistema se convierten en asesinos de su negación, en sicarios dispuestos a matar a cambio del dinero que les permita por momentos ser parte de los fieles seguidores del capital.

Sicariato: el delitoque no tiene reglas

El incremento paulatino de la violencia y la delincuencia ya no es solamente el reflejo de noticias aisladas y crónicas alarmistas. Los ecuatorianos consideran que la violencia, el crimen y la inseguridad son problemas graves que los asfixian aún más que el desempleo y la crisis económica.

El fin de semana, el poblado de Palestina, en la provincia del Guayas, fue sacudido por las detonaciones de asesinos encapuchados que acabaron con la vida del Alcalde Municipal.

Mientras los legisladores proponen reformas legales para tipificar el sicariato, los ajusticiamientos y crímenes violentos crecen, la ciudadanía se siente presa de la indefensión.

Sí, porque la impotencia de la institucionalidad es manifiesta. La Policía se queda corta en la lucha contra el delito o sus filas son penetradas, como ocurrió con una banda de sicarios detectada en Los Ríos. El fin de semana se denunció que uniformados utilizaban para su uso personal vehículos robados.

Los policías señalan a los jueces, los jueces apilan causas pendientes, aluden mandatos legales y emiten boletas de excarcelación y el poder político se muestra impotente.

Lo cierto es que entre sicariatos y ajusticiamientos, la realidad nos conduce a pensar que el crimen organizado se está afincando en la sociedad ecuatoriana. Las mafias de la droga, que cundieron en la vida cotidiana en Colombia y aquellas que aprovecharon la corrompida debilidad institucional de México hasta convertirlo en tumba de 30 mil personas, amenazan al Ecuador. Aquí, en cándida actitud, se permite el ingreso de extranjeros sin visas, mientras a nuestros compatriotas les impiden entrar a todas partes.

El sicariato sigue siendo un tema tabú en el Ecuador

Guayaquil (CRE).-

El experto en temas de seguridad. Daniel Addler, lamentó que la Policía Nacional, no reconozca la existencia de sicarios en el Ecuador, y aseguró que el tema sigue siendo un tabú en el país.

“Como toda gran problema, sino es reconocido, tiende a ser un problema aún mayor y de hecho se viene dando en el Ecuador desde hace varios”, señaló.

“El problema grave en el Ecuador, es que lamentablemente la Policía no admite el sicariato, le pone muchas atribuciones, le pone asalto seguido de muerte o todo tipo de temáticas”, indicó.

En diálogo con CRE Noticias segunda emisión, Addler, señaló que no conoce el motivo por el cual la Policía niega este problema, pero considera que podría ser como una medida para evitar crear más pánico entre la población.

El experto en temas de seguridad, explicó que en el país opera un tipo de sicarios que conocen muy poco del tema, pues el grado de asesinatos a personas equivocadas, es muy elevado, lo cual torna aún más peligroso el tema.

Añadió que lamentablemente, muchas personas sobre todo en las cárceles, son contratadas por sumas “bajas” de dinero, solo porque saben tirar del gatillo, el resultado es que casi un 40 por ciento de las víctimas, son personas asesinadas por error.

Señaló que la Policía Nacional, debería reforzar la unidad de criminalística, para conocer un poco más sobre este delito, pues de acuerdo a las características del asesinato se puede lugar el lugar donde el asesino fue entrenado por ejemplo.

Como parte de las medidas para contrarrestar este delito, el experto señaló que se está ejecutando un plan, aunque por obvias razones se limitó de entrar en detalles del mismo.

“Nosotros estamos presentando una propuesta a la Gobernación del Guayas, donde se están integrando a distintos gremios que se desplazan en la vía pública, no quisiera dar detalles de los gremios (…) a incentivarlos a tomar cursos gratuitos para detectar personas sospechosas”, indicó.

Por: Jonathan Duarte
jduarte@cre.com.ec

Tipificar el sicariato no es la solución

El coronel Joel Loaiza, jefe de la Policía Antinarcóticos, consultado por Radio Sucre sobre la relación entre el sicariato y el narcotráfico dijo que “las actividades narco-delincuenciales, a través de las diferentes vías, están latentes. Reconoce, además, que “tipificar el sicariato no es la solución”.

Hablar de sicariato en Ecuador “es un tema es muy grave, estamos frente aún fenómeno en el que todo el mundo está temeroso, más aún cuando no se conoce cuales son los generadores que impulsan el delito, “y no se sabe tampoco que es lo que impulsa estas actividades”.

Loaiza recuerda que en Colombia, tiempo atrás, se puso de moda “por mucho tiempo” este delito. El sicariato se lo tífico en el vecino país, entró al Código de Procedimiento Penal colombiano, “pero las autoridades no han ha logrado neutralizar las amenazas”, señaló.

En julio del 2009, en Ecuador, se dispuso que la Policía realice operativos de control de armas de fuego. Esta fue una orden del Ejecutivo, que dijo que ningún civil podría portar armas en lugares públicos, sin importar si la misma cuenta o no con permiso.

La disposición, que se aplicó también para elementos de seguridad fuera de sus horas de trabajo, no ha tendido a reducir los actos delictivos dijo Loaiza.

“De hecho el tráfico de armas sigue habiendo, no se ha neutralizado el ingreso de armas”, mencionó.

Resaltó también que en nuestro país se ha tipificado el delito exprés; sin embargo, tampoco ha dejado de pasar. El delito continúa. Por lo que tipificar el sicariato, insistió, “no es la solución”.

Como parte una posible solución, Loaiza menciona que es la investigación jurídica la que debería dar soluciones.

“La fiscalía debería dar las estadísticas reales que se investigó (…) y de hecho deberían apuntar para que el juez con los indicios y pruebas necesarias puedan atomizar el delito”.

“Aquí hay un gran tren de justicia que se inicia  con una investigación simple, con un fosforito por parte de la Policía Nacional, que le pasa la posta a un multiplicador de esta investigación que es el Fiscal y de hecho llega a donde el Juez donde debería tener ‘una amalgama de indicios’ de cual pueda escoger y hacer un análisis”, dijo, la finalidad sería sintetizar el problema, acotó.

Reconoce que es “el juez el que debería ser el que extingue el delito”, pero, se muestra realista y dice que en Ecuador “no está pasando eso. Simplemente la policía sigue dando numérico, la gente se sigue alarmado, pero un antídoto para eliminar el sicariato no hay”.

ONU determina que las muertes por sicariato en Ecuador representan el 14% del total de crímenes

La tasa de homicidios en Ecuador se duplicó desde 1990 y la impunidad por estos hechos es casi total, denunció el relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, Philip Alston, y alertó sobre la gravedad del sicariato y la violencia en la frontera con Colombia.Philip Alston, Relator de la ONU

El diplomático señaló que la media de asesinatos pasó de 10,3 por cada 100 000 habitantes en 1990 a 18,7 en 2009 y a 20 en 2010, al presentar el jueves en Quito los resultados de una investigación desarrollada desde el 5 de julio por iniciativa del gobierno ecuatoriano.

Según la Fiscalía, en 2009 se registraron 2 286 denuncias de asesinato (muerte con alevosía), mientras que los homicidios (muerte provocada) sumaron 1 659.

“No obstante, las estimaciones proporcionadas por las autoridades gubernamentales indican que sólo el 1,3% de las muertes denunciadas a la Policía terminaron efectivamente en una sentencia condenatoria, y es casi seguro que esta tasa está sobreestimada”, aseguró el relator.

El problema es más crítico si se tiene en cuenta que en la provincia de Sucumbíos (frontera norte con Colombia), una de las más violentas del país, sólo se denuncia uno de cada cuatro homicidios, agregó.

“Esto podría llevar la tasa general a un nivel menor al 1% y daría a Ecuador una de las tasas más bajas de condena por muertes que he encontrado en país alguno”, lamentó Alston.

El enviado llamó la atención sobre los asesinatos cometidos por sicarios, e indicó que “por lo menos un 14% de las muertes (violentas) que suceden en Ecuador cada año se dan a manos de asesinos a sueldo”.

Empero, el problema “no ha recibido la importancia que merece, en particular por parte de la Policía”, dijo Alston, que acusó a ese organismo de estar involucrado en ejecuciones extrajudiciales y “encubrirlas” atribuyéndolas a “ajustes de cuentas” entre delincuentes.

“Si bien el gobierno ha tomado medidas para solucionar el problema, está muy claro que la tasa de resolución de este tipo de casos sigue siendo demasiado baja”, añadió, indicando que en algunos casos un pistolero mata a su víctima por 20 dólares.

El ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, dijo que el gobierno estudiará el informe antes de emitir una opinión. “Haremos lo que corresponda hacer, tanto para expresar nuestros puntos de vista como hacerle llegar las opiniones u observaciones que tengamos”, declaró.

Alston también denunció la crítica situación de violencia en la frontera con Colombia, y dijo que en el último mes fueron asesinadas 30 personas en Sucumbíos después de que ex paramilitares colombianos anunciaran una campaña de “limpieza social”.

“En las últimas cuatro a seis semanas, un estimado de 30 cuerpos (…) fueron encontrados a lo largo de una carretera principal en Putumayo”, indicó, subrayando que la guerrilla colombiana de las FARC (marxista) y los paramilitares de ultraderecha se pelean esa ruta para el tráfico de drogas y armas.

Alston manifestó igualmente que los campesinos de las provincias ecuatorianas de Esmeraldas (noroeste y también fronteriza con Colombia) y Sucumbíos están a merced de los grupos ilegales colombianos, y sufren atropellos de las fuerzas de seguridad de ambos países.

Las agresiones se intensificaron tras el bombardeo colombiano contra una base clandestina de las FARC en Sucumbíos, en marzo de 2008, en el que murieron 25 personas incluido el número dos del grupo, Raúl Reyes, y a raíz del cual los militares ecuatorianos reforzaron su presencia en la zona, aseguró.

Ante este panorama, Alston recomendó al gobierno ecuatoriano crear una comisión de expertos que proponga reformas al sistema policial, formular una estrategia contra el sicariato, aumentar el número de jueces y ampliar el programa de protección de víctimas.

Combatir al sicariato dispone Presidente Correa

Ecuador alista unidades de inteligencia para combatir a los asesinos a sueldo, cuyos crímenes representan el 14% de los homicidios que se cometen cada año en el país, anunció el presidente Rafael Correa, según información de Diario El Universo que se edita en la portuaria ciudad de Guayaquil, Ecuador

La referencia presidencial comenta el informe del Sr. Philip Alston, relator de la ONU para las ejecuciones extrajudiciales, quien denunció en Quito que “por lo menos el 14% de las muertes (violentas) que suceden en Ecuador cada año se dan a manos de asesinos a sueldo”, y que el problema no recibe atención adecuada por parte de las autoridades.

Reseñando entrevista radial, El Universo destaca las declaraciones presidenciales sobre que se están preparando nuevas estrategias, como por ejemplo unidades de inteligencia”,  para enfrentar el delito del sicariato que está vinculado más al crimen organizado.

El Mandatario reconoció que los homicidios, y en particular los asesinatos pagados, han crecido, pero aseguró que no es un fenómeno exclusivo de Ecuador y que en contraste otros delitos han bajado. “Estamos muy esperanzados en poder enfrentar este flagelo que es planetario. En todas partes del mundo ha aumentado el sicariato y los homicidios, pero por eso no vamos a permitir que en nuestro país aumente”, señaló.

El Presidente Correa destacó que la estrategia de seguridad del Gobierno ha avanzado al punto que en el 2009 el delito solo creció 1%, con lo cual se rompió la tendencia que había elevado esa tasa a 9% desde el 2000. “Y este año esperamos bajarla más”, dijo.

La Fiscalía rebate

El fiscal general, Washington Pesántez y el presidente subrogante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Rubén Bravo, deslegitimaron el informe del relator de la ONU, Philip Alston, quien afirmó que la crisis del sistema judicial ecuatoriano, que incluye a jueces, fiscales y Policía, genera impunidad.

Según la Fiscalía, en el 2009 se registraron 2.286 denuncias de asesinato (muerte con alevosía), mientras que los homicidios (muerte provocada) sumaron 1.659.

Pesántez, a través de un comunicado de prensa, dijo que es fácil para un funcionario internacional emitir comentarios negativos contra dos instituciones (Fiscalía y Policía) fundamentales para la seguridad de la ciudadanía y a manera de réplica a las afirmaciones de Alston, informó de la detención de una persona que pagó por un asesinato.

“Como un rotundo mentís a las afirmaciones del señor Alston, informo a la ciudadanía que el trabajo eficaz y coordinado de la Fiscalía y la Policía ha permitido capturar a los presuntos autores de la muerte de la señora Jéssica Núquez, esposa del asambleísta Carlos Zambrano, asesinada en Machala y de la ubicación del autor intelectual, quien habría pagado a los sicarios la cantidad de siete mil dólares para cometer este acto de sicariato”, dijo.

Además, respondió a Alston, quien afirmó que la Fiscalía se dedica a las relaciones públicas en vez de investigar los delitos, al indicar que sí se preocupan de la imagen institucional pero a través de las acciones jurídicas y de la presencia de la Fiscalía en todo el país.

Afirmó que lo dicho por Alston no descubre nada que no supiéramos los ecuatorianos y tampoco aporta soluciones porque tanto el Gobierno nacional como las instituciones que trabajamos para el sector justicia tenemos una conciencia clara de las posibles deficiencias y soluciones.

Para Rubén Bravo, Presidente subrogante de la CNJ, las apreciaciones de Alston son ligeras y no tienen el sustento necesario, pues debió haberse analizado el número de causas en el país y que según las estadísticas hay apenas 6 jueces por cada 100 mil habitantes; mientras, en otros países llegan a 27 por 100 mil habitantes.

Otros datos del informe

Paramilitares
Según el informe de la ONU, a más de la infiltración de las FARC también existe de paramilitares en Ecuador. En Sucumbíos los asesinatos son 100 por cada 100 mil habitantes.

Protección de víctimas
Recomienda retirar a la Fiscalía y Policía el programa de protección de víctimas y testigos, y ampliar el servicio, mejorar su capacidad, credibilidad e independencia.

Autodepuración
El informe concluye en la necesidad de retirar a la Policía la facultad para autodepurarse internamente.

Nuevo ente
Propone la creación de un nuevo organismo para investigar la presunta participación de policías en una muerte, de manera creíble e independiente.

Corrupción

El documento concluye que la Policía y la Fiscalía enfrentan problemas de corrupción, vínculos con el narcotráfico, ineficiencia, falta de capacidad técnica y de capacitación. También menciona que se contrata personal sobre la base de contactos y no por méritos.

El sicariato será tipificado como delito

El alarmante índice de muertes por encargo o sicariato, que se registra hasta el momento (240 casos de asesinato) en el Puerto Principal, motivó a autoridades de Gobierno anunciar nuevas medidas para combatir o disminuir ese delito.

Los ministros de Justicia, José Serrano; y de Gobierno, Gustavo Jalkh, anunciaron ayer que el sicariato será tipificado dentro del Código Penal, en los próximos meses. La propuesta nació del fiscal general, Washington Pesántez.

El anuncio se hizo tras la reunión de seguridad que mantuvieron las autoridades con el gobernador del Guayas, Roberto Cuero. En la cita participaron también Ricardo Antón, director del Consejo Nacional de Tránsito (CNT); el comandante general de la Policía, Freddy Martínez; y el coronel Juan Ruales, jefe provincial.

“Hay varios temas de reformas legales que se están planteando en estas reuniones interinstitucionales. Si bien fue uno de los planteamientos (tipificar el sicariato como delito) que se hizo en la reunión de hoy, una vez que tengamos los acuerdos definidos sobre el tema de reformas los iremos anunciando”, dijo Jalkh.

Calificó la reforma como necesaria, pero apuntó que mientras tanto las unidades de Inteligencia de la Policía perseguirán el delito. “Además, se realizarán coordinaciones con la Función Judicial para que las modalidades delictivas no queden en la impunidad”.

El funcionario reveló también que en los próximos días se hará obligatorio el uso de chalecos reflectivos para los motorizados a nivel nacional.

“Esta misma semana, con el Consejo Nacional de Tránsito haremos una presentación de plazos y metodología para la circulación de motocicletas con identificaciones específicas y el uso de chalecos reflectivos. Todo esto será presentado a la opinión pública esta misma semana con los plazos específicos para el cumplimiento de estas disposiciones”.

Antón añadió que el uso de los chalecos será durante las 24 horas. Por el momento está vigente la circulación normal con dos personas por vehículo.

Sin embargo, la propuesta sobre el horario de circulación y la capacidad, que hicieran dirigentes barriales, está aún en análisis y se lo resolverá muy pronto, aseguró Jalkh.

Como medida inmediata, la Policía incrementará los operativos de control. Así se pudo observar ayer, en el malecón Simón Bolívar, donde Jaime Arias y su hermano Michael fueron abordados por dos agentes motorizados.

“El Comando ha dispuesto que se verifique la documentación de las motos y a las personas que van en ella hacerles una revisión”, indicó el policía Iván Guerrero, quien procedió a analizar que los documentos estén en regla, así como el nombre del conductor. Además se verificó si tenían antecedentes o alguna causa pendiente.

“A ellos se los interceptó porque estaban dos en una motocicleta”, añadió el gendarme.

Arias considera que, por un lado está bien que se restrinja el horario para la circulación de las motos, pero que se perjudicaría a quienes lo utilizan para trabajar o ir a ver a sus hijos.

“Sería bueno que el control se haga en la noche”, acotó su hermano.

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  Trad. ForodeFotos