EL SICARIATO

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Ecuador el delito del Sicariato sería sancionado con hasta 28 años de reclusión.

El Proyecto de Reformas al Código de Procedimiento Penal fue enviado el viernes pasado a la Asamblea Nacional para su debate en el Pleno, según el ministro de Justicia, José Serrano, el articulado propone penas de entre 25 a 28 años para el delito de sicariato. LEA EL DOCUMENTO COMPLETO

De esta forma, las nuevas reformas proponen modificar el artículo Nº450 del actual código aumentando las penas por homicidio, de 12 a 16 años, a reclusión mayor extraordinaria de 16 a 25 años.

Adicionalmente, dentro del mismo artículo, se tipifica como sicariato al homicidio por encargo o promesa remuneratoria, con una pena de reclusión mayor extraordinaria de 25 a 28 años; además, sanciona con la misma pena la utilización de menores en el acometimiento de este delito.

Respecto a la participación del menor, el funcionario explicó que se trata “de un delito de reclusión y puede tener una medida socio-educativa de hasta seis años”. Y no sólo se sancionará al autor material sino también a quien page por estos servicios u ofrezca una recompensa a cambio de la muerte de un individuo.

Entre las reformas también se incluye un nuevo capítulo dentro del Código Penal que sanciona el enriquecimiento ilícito tanto de funcionarios públicos como de personas naturales. Así, el incremento injustificado del patrimonio de una persona, estaría penado con tres a seis años de reclusión menor ordinaria y una orden para la restitución inmediata del monto obtenido desde la perpetración del delito.

“Lo que hemos establecido en el Proyecto de Reformas es que el enriquecimiento ilícito también pueda ser para particulares, ya que son delitos que están ligados a la usura, al lavado y al narcotráfico. Nos interesa plantear esas reformas dentro de la lógica de hacer una lucha articulada y total en el Sistema Penal contra la impunidad y la corrupción”, dijo Serrano en declaraciones para la Agencia de Noticias ANDES.

Para el delito de usura el proyecto establece prisión de tres a seis años y una multa que podría ir desde las 100 hasta las 500 remuneraciones básicas unificadas, además de la restitución de todo lo pagado por la víctima de manera ilegal.

“En la usura, antes, había que probar la actividad permanente y continua de una persona para que se pueda juzgar por el delito de usura; ahora lo que hemos determinado es que cualquier persona que preste dinero a un interés ilegal, por el mero hecho de haberlo hecho, está cometiendo usura”, dijo Serrano a ANDES. “Esto nos va a permitir establecer una línea de acción concreta el Sistema Penal contra la usura y no desgastar a la Función Judicial, a la Fiscalía o a la Policía”.

Como una disposición transitoria, la normativa indica que los juicios de enriquecimiento ilícito o usura que se hayan iniciado con las disposiciones derogadas en las reformas de la nueva Ley “continuarán sustanciándose y se resolverán con esas mismas disposiciones”, cita.

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